De la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación y de la Responsabilidad Social Empresarial

Partiendo del hecho que hoy día una empresa sostenible es la que combina el desarrollo de su actividad empresarial de forma exitosa y rentable con el progreso económico de las comunidades donde está presente, teniendo en cuenta el impacto de su actividad en la sociedad y en el medio ambiente. La reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación y en particular la definición de áreas prioritarias en este tema, parecen plantearle el desafío a las empresas cuyos ingresos brutos anuales sean superiores a las cien mil unidades tributarias y que deseen recuperar su aporte LOCTI, el incursionar, abonar o profundizar según sea el caso, en una cultura corporativa sustentable o socialmente responsable soportada en actividades de ciencia, tecnología e innovación.

Entendiendo el hecho que cualquier empresa en su quehacer diario actúa y toma decisiones que inciden, afectan, o impactan directa o indirectamente, positiva o negativamente  los intereses o expectativas de los diferentes grupos de interés con los que interactúa, sean estos sus clientes, empleados, proveedores, propietarios o accionistas y su entorno (sociedad, comunidades, universidades, medio ambiente, etc.); las mejores prácticas empresariales en materia de sostenibilidad corporativa apuntan a la necesidad de reconocer  e incorporar en la gestión diaria, las expectativas de estos grupos de interés, mediante un diálogo productivo conducente a gestionar la responsabilidad social de aquellas expectativas consideradas legítimas de los grupos de interés que la empresa ha de asumir como propios y a los que dará respuestas.

Para la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) la dimensión ética de la empresa, deviene en una ética de la responsabilidad frente a los diferentes grupos de interés y sus expectativas. De igual forma refiere la necesidad de “rendir cuentas a los grupos de interés, dada la creciente obligación  de ser más transparentes en la información que ofrecen a la sociedad en relación con sus prácticas y formas de gestionarse –muy a pesar de que los gobiernos no procedan de la misma forma-. 

De ahí la importancia para las empresas de comunicar de forma efectiva los criterios, compromisos y actividades que en materia de Responsabilidad Social Corporativa, en su triple dimensión: económico- financiera, social y medioambiental ejecutan para dar respuesta a los grupos de interés y sus expectativas. En la actualidad existen algunos estándares internacionalmente aceptados para hacer efectiva esta rendición de cuentas tanto internamente en la organización, como externamente, mediante memorias, informes o balances anuales públicos de sustentabilidad, los cuales por demás pueden ser enmarcados como un componente de cierre o de rendición de cuentan en los proyectos LOCTI. 

En la medida que una empresa ejecute y comunique las acciones en el marco de su compromiso de sostenibilidad hacia sus trabajadores, proveedores, clientes, universidades, comunidades, estará reforzando la integración de criterios éticos, sociales y medioambientales en su modelo de negocio, además de la visión de largo plazo en el desarrollo de sus actividades y relaciones estables y duraderas con sus grupos de interés, sobre todo en el actual contexto de conflictividad promovida, así como contar con un mejor gobierno corporativo capaz de anticiparse a los retos del entorno cambiante, y reforzar su voluntad de identificar y dialogar con sus principales grupos de interés para, de esta manera, entender sus expectativas y responder a ellas, beneficiando además su imagen corporativa.

Así entonces, de acuerdo a las mejores prácticas clase mundiales, una empresa socialmente responsable es aquella que lleva adelante un negocio rentable e innovador teniendo en cuenta todos los efectos ambientales, sociales y económicos –positivos y negativos- que genera en la sociedad.

 Las formas como una empresa puede aproximarse a la RSE no responden a un esquema o modelo único, estás  pueden estar vinculada directamente con el conocimiento del negocio medular que la empresa sabe hacer, donde se siente especialmente competente, en las áreas en las que tiene aspiración de transferir conocimientos a la sociedad, o a sus proveedores, empleados, clientes, etc. o bien vía negocios incluyentes. 

Otro enfoque que puede asumir es el  soportado en la decisión de apoyar financieramente la generación, transferencia y aplicación del conocimiento por terceros (sean estos Universidades, centros de I+D, Ong`s, asociaciones civiles, fundaciones y hasta particulares) que en caso concreto de su vinculación con la LOCTI, vía  proyectos de CTI que demuestren la capacidad en generar beneficios positivos al entorno o comunidad en la cual está inmersa la empresa y que contribuyan con el avance científico y tecnológico, o bien en sus procesos de gestión tecnológica considerando la variable ambiental, la energética, la competitividad, la productividad, o por el contrario en procesos de formación, emprendimiento, etc. 

Una tercera opción entre otras deriva de la formulación de proyectos donde la empresa articula diversidad de actores o instituciones y en conjunto formulan ese plan orientado a dar respuesta a determinada problemática en la que impactarán positivamente alguna o varios de las expectativas de sus grupos de interés.

De esta forma la responsabilidad social empresarial no responde a un modelo único, dado que la misma se sustenta en la libertad a la hora de tomar las decisiones de  acción, y por otro lado, a la noción de empresa plural.  Especial énfasis merece la comprensión de este punto ya que la reforma de la LOCTI si bien representa retos y desafíos al sector productivo en materia de RSE o de sostenibilidad, los cuales pudiéramos considerar como oportunidades para legitimar socialmente el rol de la actividad empresarial; también revierte amenazas en la instrumentación de acciones más decididas de parte de nuestro aparato productivo para promover la sustentabilidad de su acción en el entorno en la que está inserta.

Esta amenaza radica en el hecho que la inversión social para implementar cualquiera de las modalidades referidas anteriormente, debe ser entregada como aporte al “Ente regulador”, siendo éste, él que decide a su discrecionalidad y parecer a quién, cómo y cuándo entregársela, con todos los vicios que ello puede acarrear. Lo que en mucho puede diluir, confundir y sustraer el compromiso y la acción de la empresa para con sus grupos de interés, en la acción del Estado para con estos, pero con los recursos del primero.  Generando una significativa distorsión de las cosas y un esquema único donde se pudiera frenar y deslegitimizar más el papel y la importancia del aparato productivo nacional en el desarrollo sustentable e integral del país. Además de limitarse la posibilidad de reinversión de los aportes en la gestión de la innovación de productos, procesos, tecnologías de la propia empresa que den respuesta a sus clientes, trabajadores, proveedores, propietarios y a la propia sociedad; por proyectos de impacto social más directos.

Con estas amenazas tocará lidiar y procurar que el equilibrio y la libertad de acción predominen a pesar de lo restrictivas que luzcan las áreas prioritarias y algunas condiciones. Toca centrtarse en las oportunidades.