Parte de mí día a día transcurre promoviendo, asesorando, orientando y sistematizando esfuerzo hacia la innovación en diversas empresas manufactureras y de servicios. En ellas constato el tremendo esfuerzo que implica el mejorar y optimizar procesos productivos, fabriles, gerenciales, tecnológicos, organizativos y de formación del capital humano, en medio de un país que si bien cuenta irónicamente con una Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, de la noche a la mañana el marco jurídico vigente se ha vuelto significativamente hostil para todo aquel que ha emprendido una actividad productiva, crecido en tamaño y operaciones, hasta el punto de diversificarse y atender actividades conexas a su principal rezón de ser, resultando con el calificativo de oligarca, burgués y capitalista.
Insolentes calificativos desconocen el esfuerzo que implica pasar de una pequeña escala productiva a una robusta y exitosa empresa en este país, donde ya solo el hecho de emprender y cubrir todos los trámites de registro y permisos implica sortear con éxito una pesada carga de burocracia, que no todos superan con éxito. No en vano Venezuela está ubicada en el Ranking global de facilidad para hacer negocios en el puesto 172 de un total de 178 países.
Si a está ya titánica labor le sumamos por un lado: los múltiples riesgos que implica generar oportunidades de empleo productivo, con el marco legal altamente impositivo y el frágil estado de derecho; y por el otro la nada sencilla tarea de acceder a las escasas materias primas y divisas que posibiliten la transformación de “commodity” en productos o bienes de mayor valor agregado “nacional”.
Todo ello en el marco de procesos de aprendizaje tecnológico, gestión de conocimiento, planificación estratégica, aseguramiento de la calidad, entre otros; encontramos que los emprendedores- empresarios no solo deben ser reconocidos y premiados en este país, por la hazaña que implica ya solo el mantener operativa y solvente la estructura de costos de una organización productiva, sino más aún por hecho de innovar a fin de tratar de alcanzar alguna ventaja competitiva a pesar de las obsolescencias de tecnologías, la competencia desleal de productos importados vía contrabando, la ausencia de incentivos económicos y las prácticas de expropiación e invasiones, entre otras.
Todo ello en el marco de procesos de aprendizaje tecnológico, gestión de conocimiento, planificación estratégica, aseguramiento de la calidad, entre otros; encontramos que los emprendedores- empresarios no solo deben ser reconocidos y premiados en este país, por la hazaña que implica ya solo el mantener operativa y solvente la estructura de costos de una organización productiva, sino más aún por hecho de innovar a fin de tratar de alcanzar alguna ventaja competitiva a pesar de las obsolescencias de tecnologías, la competencia desleal de productos importados vía contrabando, la ausencia de incentivos económicos y las prácticas de expropiación e invasiones, entre otras.
Entender que un país solo progresa en la medida en que cuente con un aparato industrial y de servicios sólido, competitivo, innovador, responsable con su entorno y trabajadores, es una labor aún pendiente para Venezuela.
El estimular el emprendimiento productivo, donde pequeñas ideas puedan generar pequeñas empresas y estas crecer y evolucionar en medianas y grandes iniciativas innovadoras privadas, integrándose a “clúster” o cadenas productivos ya existentes o por conformarse es la principal vía para alcanzar el tan ansiado estado de desarrollo de este país.
Ello demanda una visión de país orientada a dicho objetivo, donde las políticas públicas de formación desde la educación básica hasta la universitaria estimule el emprendimiento, en sintonía con políticas públicas en materia industrial, científica, de innovación y tecnología, además de una equilibrada política micro y macroeconómica, hoy inexistentes.