De la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación y de la Responsabilidad Social Empresarial

Partiendo del hecho que hoy día una empresa sostenible es la que combina el desarrollo de su actividad empresarial de forma exitosa y rentable con el progreso económico de las comunidades donde está presente, teniendo en cuenta el impacto de su actividad en la sociedad y en el medio ambiente. La reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación y en particular la definición de áreas prioritarias en este tema, parecen plantearle el desafío a las empresas cuyos ingresos brutos anuales sean superiores a las cien mil unidades tributarias y que deseen recuperar su aporte LOCTI, el incursionar, abonar o profundizar según sea el caso, en una cultura corporativa sustentable o socialmente responsable soportada en actividades de ciencia, tecnología e innovación.

Entendiendo el hecho que cualquier empresa en su quehacer diario actúa y toma decisiones que inciden, afectan, o impactan directa o indirectamente, positiva o negativamente  los intereses o expectativas de los diferentes grupos de interés con los que interactúa, sean estos sus clientes, empleados, proveedores, propietarios o accionistas y su entorno (sociedad, comunidades, universidades, medio ambiente, etc.); las mejores prácticas empresariales en materia de sostenibilidad corporativa apuntan a la necesidad de reconocer  e incorporar en la gestión diaria, las expectativas de estos grupos de interés, mediante un diálogo productivo conducente a gestionar la responsabilidad social de aquellas expectativas consideradas legítimas de los grupos de interés que la empresa ha de asumir como propios y a los que dará respuestas.

Para la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) la dimensión ética de la empresa, deviene en una ética de la responsabilidad frente a los diferentes grupos de interés y sus expectativas. De igual forma refiere la necesidad de “rendir cuentas a los grupos de interés, dada la creciente obligación  de ser más transparentes en la información que ofrecen a la sociedad en relación con sus prácticas y formas de gestionarse –muy a pesar de que los gobiernos no procedan de la misma forma-. 

De ahí la importancia para las empresas de comunicar de forma efectiva los criterios, compromisos y actividades que en materia de Responsabilidad Social Corporativa, en su triple dimensión: económico- financiera, social y medioambiental ejecutan para dar respuesta a los grupos de interés y sus expectativas. En la actualidad existen algunos estándares internacionalmente aceptados para hacer efectiva esta rendición de cuentas tanto internamente en la organización, como externamente, mediante memorias, informes o balances anuales públicos de sustentabilidad, los cuales por demás pueden ser enmarcados como un componente de cierre o de rendición de cuentan en los proyectos LOCTI. 

En la medida que una empresa ejecute y comunique las acciones en el marco de su compromiso de sostenibilidad hacia sus trabajadores, proveedores, clientes, universidades, comunidades, estará reforzando la integración de criterios éticos, sociales y medioambientales en su modelo de negocio, además de la visión de largo plazo en el desarrollo de sus actividades y relaciones estables y duraderas con sus grupos de interés, sobre todo en el actual contexto de conflictividad promovida, así como contar con un mejor gobierno corporativo capaz de anticiparse a los retos del entorno cambiante, y reforzar su voluntad de identificar y dialogar con sus principales grupos de interés para, de esta manera, entender sus expectativas y responder a ellas, beneficiando además su imagen corporativa.

Así entonces, de acuerdo a las mejores prácticas clase mundiales, una empresa socialmente responsable es aquella que lleva adelante un negocio rentable e innovador teniendo en cuenta todos los efectos ambientales, sociales y económicos –positivos y negativos- que genera en la sociedad.

 Las formas como una empresa puede aproximarse a la RSE no responden a un esquema o modelo único, estás  pueden estar vinculada directamente con el conocimiento del negocio medular que la empresa sabe hacer, donde se siente especialmente competente, en las áreas en las que tiene aspiración de transferir conocimientos a la sociedad, o a sus proveedores, empleados, clientes, etc. o bien vía negocios incluyentes. 

Otro enfoque que puede asumir es el  soportado en la decisión de apoyar financieramente la generación, transferencia y aplicación del conocimiento por terceros (sean estos Universidades, centros de I+D, Ong`s, asociaciones civiles, fundaciones y hasta particulares) que en caso concreto de su vinculación con la LOCTI, vía  proyectos de CTI que demuestren la capacidad en generar beneficios positivos al entorno o comunidad en la cual está inmersa la empresa y que contribuyan con el avance científico y tecnológico, o bien en sus procesos de gestión tecnológica considerando la variable ambiental, la energética, la competitividad, la productividad, o por el contrario en procesos de formación, emprendimiento, etc. 

Una tercera opción entre otras deriva de la formulación de proyectos donde la empresa articula diversidad de actores o instituciones y en conjunto formulan ese plan orientado a dar respuesta a determinada problemática en la que impactarán positivamente alguna o varios de las expectativas de sus grupos de interés.

De esta forma la responsabilidad social empresarial no responde a un modelo único, dado que la misma se sustenta en la libertad a la hora de tomar las decisiones de  acción, y por otro lado, a la noción de empresa plural.  Especial énfasis merece la comprensión de este punto ya que la reforma de la LOCTI si bien representa retos y desafíos al sector productivo en materia de RSE o de sostenibilidad, los cuales pudiéramos considerar como oportunidades para legitimar socialmente el rol de la actividad empresarial; también revierte amenazas en la instrumentación de acciones más decididas de parte de nuestro aparato productivo para promover la sustentabilidad de su acción en el entorno en la que está inserta.

Esta amenaza radica en el hecho que la inversión social para implementar cualquiera de las modalidades referidas anteriormente, debe ser entregada como aporte al “Ente regulador”, siendo éste, él que decide a su discrecionalidad y parecer a quién, cómo y cuándo entregársela, con todos los vicios que ello puede acarrear. Lo que en mucho puede diluir, confundir y sustraer el compromiso y la acción de la empresa para con sus grupos de interés, en la acción del Estado para con estos, pero con los recursos del primero.  Generando una significativa distorsión de las cosas y un esquema único donde se pudiera frenar y deslegitimizar más el papel y la importancia del aparato productivo nacional en el desarrollo sustentable e integral del país. Además de limitarse la posibilidad de reinversión de los aportes en la gestión de la innovación de productos, procesos, tecnologías de la propia empresa que den respuesta a sus clientes, trabajadores, proveedores, propietarios y a la propia sociedad; por proyectos de impacto social más directos.

Con estas amenazas tocará lidiar y procurar que el equilibrio y la libertad de acción predominen a pesar de lo restrictivas que luzcan las áreas prioritarias y algunas condiciones. Toca centrtarse en las oportunidades.

La Reforma de la Ley de Universidades: ¿Oportunidad u otro tren perdido?

La reforma de la Ley de Universidades debería constituir una oportunidad para apalancar una educación de calidad en el país, fortaleciendo a las instituciones de educación superior en beneficio de garantizar la excelencia del capital humano que de ella egresa.

Una reforma de este calibre debería constituir una oportunidad para favorecer la modernización, globalización y la apertura de nuestras casas de estudio a nuevas realidades como: la conformación de programas de titulación conjunta o doble con universidades asiáticas, europeas y norteamericanas de las cuales sin duda podemos aprender tanto, así como la conformación de programas de intercambio de estudiantes de pregrado en el extranjero, como elemento cuasi taxativo en los pensum de estudios, que pudieran disponer de subvenciones o apoyos financieros del Estado a nivel del pregrado.

Estas prácticas posibilitarían verdaderos procesos de transferencia, asimilación, intercambio, aprendizaje, apropiación y generación de conocimientos, de experiencias interculturales y mejores prácticas que sin duda pudieran hacer la diferencia y enrutarnos por la senda del desarrollo, como lo han hecho diversidad de países de la llamada economía emergente como Singapur, Finlandia, India, Noruega y un largo etc. donde el disparador ha sido reformas implementadas en sus sistemas de educación, de ciencia y tecnología; favoreciendo la atracción e integración de los mejores programas educativos internacionales en sus países y de valoración de sus docentes y profesores como agentes determinantes para el salto cuántico. 

Lógicamente ello requiere de la concertación de una visión de país de largo plazo con un horizonte claro y metas concretas orientadas a incrementar los niveles de calidad de nuestra educación, vía políticas públicas que favorezcan y propicien el intercambio educativo y la conformación de programas formativos  conjuntos a universidades clase mundiales, la mejor dotación de la infraestructura de nuestras casas de estudio, entre un largo etc.

Para ello es imperativo en nuestro país la resolución de temas verdaderamente vergonzosos - como lo son las deudas acumuladas en el pago de profesores -sobre todo con un  ingreso petrolero tan cuantioso como el de los últimos años-, el mejoramiento significativo de sus esquemas salariales y status, asignándole el peso específico que dicha labor tiene para una sociedad que entiende la valía de esta labor para su desarrollo  y de  presupuestos holgados en nuestras casas de estudios para  su óptimo funcionamiento y no la continua presencia de presupuestos deficitarios, que merman la capacidad, operatividad y la calidad de nuestro sistema educativo universitario.

Replantearnos el sistema educativo superior sobre una visión de futuro y esquema progresista, si es una misión revolucionaria, que incluso  transciende  aguas abajo en el esquema de formación de la básica (primer nivel y segundo nivel); replantearnos la exigencia del idioma ingles desde los primeros años de formación y la existencia de cátedras bilingües, son entre otros elementos, la discusión de fondo que en lo personal espero se den en una reforma de nuestra ley de universidades.

No obstante llama la atención que estas exigencias o deseos no son las que escuchamos ni por asomo  en estudiantes, ni en profesores en un país cuya polarización política parece haber arrasado la visión de futuro y de largo plazo, donde los temas centrales de la discusión parecen ser los mismos, los administrativos, presupuestarios, sistema de elección de autoridades rectorales  y de rendición de cuentas, todos temas importantes, pero descuidando una vez más el centro del asunto que es  la calidad de la educación y cómo debemos hacer   (estrategia integral de largo plazo) para  que nuestros profesionales  estén a la par de los egresados de  universidades clase mundiales. 

Una discusión de la reforma de la ley de Universidades , de igual forma no debe perder de vista la instrumentación de mecanismos y políticas públicas que propicien y estimulen una mayor vinculación con el sector productivo y promover procesos de investigación que deriven en patentes de interés industrial, que transciendan la invención y  que  efectivamente puedan derivar en procesos de emprendimiento empresarial exitosos y de innovación; estos son algunos  elementos que en lo personal aspiro constituyan el centro de una discusión seria, responsable, necesaria y con visión de futuro de tan importante instrumento, caso contrario en mi opinión pudieramos estar ante otro oportunidad perdida país.